Instan en Jujuy a cese del "contexto de criminalización" y exigen intervención de justicia federal 

Télam

Referentes de comunidades indígenas de Jujuy junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) reclamaron hoy el cese del "delicado contexto de criminalización" contra quienes protestan por la reforma de la Constitución local, y exigieron respuesta de la justicia federal para "generar los mecanismos de protección necesarios" ante la continuidad de los reclamos.

Sobre acciones a favor de los manifestantes, también advirtieron la existencia de habeas corpus ante la justicia de Jujuy que derivaron en abstracto por la falta de una respuesta inmediata, como ante la represión policial del 17 de junio en Purmamarca contra comunidades indígenas que "sostenían reclamo de manera pacífica y ejerciendo de manera legítima su derecho a la protesta".
"El derecho a ejercer la protesta en Jujuy atraviesa una seria crisis y en ese sentido el rol de la justicia local viene mostrando deficiencias en cuanto a la dilación para resolver estos reclamos", comentó al respecto Florencia Vallino, directora ejecutiva de Andhes, en una conferencia de prensa.
Vallino expresó preocupación por la actuación de la fuerza de seguridad local, "apuntando al rostro de las personas y generando lesiones oculares".
"Son muchos los casos, lo cual da cuenta de un patrón que se reitera y que preocupa profundamente", remarcó.
En materia de acciones de protección de los manifestantes, Diego Morales, del Cels, recordó, por otro lado en la conferencia de prensa, que está vigente un habeas corpus en la justicia federal.
"Primero los jueces federales provinciales decidieron no intervenir, se declararon incompetentes, y hubo una orden de la Cámara de Casación que los obligó. En ese contexto, el habeas corpus tiende a proteger los derechos de aquellas personas que se están manifestando en rutas nacionales, como la 9 y la 52", ponderó el director de Litigio del Cels.
Ante la continuidad de las protestas y para "resguardar a las personas de los hechos de violencia institucional que ya se vienen dando en Jujuy", Morales indicó que ahora se reclama a la justicia federal que "convoque a una audiencia y genere los mecanismos de protección necesarios".
"Esperamos en los próximos días tener novedades, nos parece sumamente importante", acotó.
Además, habló de la existencia de un "profundo y lamentable proceso de persecución de referentes sociales, sindicales y comuneros", en el que "las autoridades políticas y del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy ponen el foco en la necesidad de criminalizarlos", mientras "no hay investigaciones en relación a la violencia policial".
Por su parte, Néstor Jerez, cacique del pueblo ocloya, y de la Asamblea Abierta de Pueblos Indígenas de Jujuy en Resguardo del Territorio y en Defensa de la Vida, dijo que: "Pedimos el cese de la represión, de la persecución y de las imputaciones que se están generando".
"Se están expresando los pueblos indígenas, los movimientos gremiales, sociales, de derechos humanos, todos estamos reclamando la nulidad de esta reforma por ser inconstitucional y violatoria de los tratados internacionales y de la Constitución Nacional", agregó Jerez al solicitar al Gobierno jujeño que los escuche.
"Pedimos el cese de las acciones de mala fe que está llevando adelante el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, a través de mentiras y engaños con los que insiste para confundir. La nueva Constitución que quieren imponer viene por el despejo, el saqueo, el negocio de los recursos naturales, con un daño irreversible a la madre tierra", concluyó Jerez.
Por otro lado, Raúl Sajama, de la comunidad Indígena Angosto el Perchel, de Tilcara, recordó que previo a la sanción de la ley que convocó a la reforma constitucional, ya habían expresado formalmente que se debía cumplir con la consulta previa, que no ocurrió.
La misma situación, agregó, se repitió durante las reuniones de la Convención Constituyente, cuando se presentaron varias comunidades y expusieron "solicitud para que se apeguen a derecho y antes de aprobar el nuevo texto realicen la consulta a las 400 comunidades que hay en Jujuy".
"Solo exigimos que se cumpla con el estado de derecho", completó. 

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