Argentina y sus acreedores ingresaron a un terreno inédito de discusión legal

A las discusiones para alcanzar un entendimiento económico respecto a la quita, ahora se sumó la interpretación legal de las normas vigentes en materias de reestructuraciones a partir de exigencias presentadas por los acreedores.

Por Mara Laudonia

Las negociaciones por la deuda ubicaron al caso argentino en un terreno inédito en el plano de las finanzas mundiales, ya que a las discusiones para alcanzar un entendimiento económico respecto a la quita -en la que existiría un acercamiento importante- ahora se sumó la interpretación legal de las normas vigentes en materias de reestructuraciones a partir de exigencias presentadas por los acreedores.
La distancia legal entre las partes, reconocida por el ministro de Economía, Martín Guzmán, esta semana, puede tener fuertes connotaciones para las futuras reestructuraciones de deuda de los países, en el contexto de la pandemia de coronavirus y sus efectos económicos.
Guzmán acusó en varias oportunidades al grupo Ad Hoc, entre los que se encuentran los fondos Blacrock y Ashmore, de exigir "términos legales que son imposibles de cumplir" para la Argentina.

No estamos buscando innovaciones en este momento, solo queremos resolver"

MARTÍN GUZMÁN

Al hablar en un encuentro organizado por el Council of the Americas, el ministro dijo que la propuesta del país toma como eje las cláusulas de mayorías para facilitar un acuerdo que fueron promovidas por el G20 y el FMI.
"No estamos buscando innovaciones en este momento, solo queremos resolver" la crisis de la deuda, subrayó Guzmán.
El planteo de ese grupo se centra en que la cláusula de mayoría -que determina el porcentaje necesario que requiere un proceso de reestructuración para ser aceptado por los bonistas- se rija en base a los términos existentes en los bonos emitidos en el canje de 2005, que tiene un umbral más alto que los fijados a partir de 2016, tras las discusiones desatadas en los años previos en contra del accionar de los fondos buitres.
Guzmán acusó a los acreedores de querer obligar al país a "volver en el tiempo", en materia de "los progresos de los últimos años en las CAC (cláusulas de mayoría) avalado por el G20 y el FMI es algo que la Argentina no puede hacer".Vale la aclaración que la aplicación de las CAC fue resultado de negociaciones de los últimos años entre los países centrales y los grandes bancos y fondos acreedores, que aceptaron ceder su posición incorporando cláusulas de mayorías en los contratos de los bonos, para no entorpecer operaciones de deuda y evitar bloqueos de minorías a la operación propuesta por el país deudor.
Las CAC de "primera generación" fueron utilizadas por Argentina en 2005 y 2010, y luego, tras la crisis mundial del 2009 y el caso griego surgieron las cláusulas de segunda generación, más flexibles en favor del deudor, que también tomó el país para sus emisiones a partir del 2016.
Hoy se calcula que un 50% de las emisiones de deuda de emergentes utilizan las CAC mejoradas, que comenzaron a aplicarse desde el 2015.
Los mensajes de Guzmán tuvieron el doble objetivo, por un lado plantarse en la negociación con los acreedores que pretenden ir contra la corriente internacional en favor de sus intereses y, por otro, tranquilizar a la comunidad internacional que interpreta que la Argentina, a la luz de la oferta, estaría utilizando a su favor un vacío legal.
Mark Solber, uno de los ideólogos de la CAC y ex funcionario del Tesoro de EEUU, fue uno de los primeros que analizó el tema en una publicación del influyente think tank "OMFIF", donde puso reparos a las intenciones eventuales de la estrategia argentina.

Argentina y sus acreedores deberían apegarse a este estándar"

MARK SOLBER

Inmediatamente después al pronunciamiento del FMI sobre la oferta argentina, que argumentó que era consistente con el criterio de sustentabilidad, Solber advirtió que la actitud de los negociadores podría "socavar el importante logro" de las CAC mejoradas para posibilitar un acuerdo, en un mundo donde no existe un sistema que regule la quiebra de países.
Dijo que en cualquier acuerdo de buena fe al que se llegue, las partes deberían usar las Cláusulas de Acción Colectiva Mejoradas y que "Argentina y sus acreedores deberían apegarse a este estándar".
El ex funcionario estadounidense exhortó además al FMI y al G20 a movilizarse al respecto, ya que "necesitan hablar públicamente, reafirmando con fuerza su respaldo a los CAC mejorados".
Hasta el momento, el FMI se pronunció solo sobre la oferta económica.
En los encuentros en los que participó durante la última semana, Guzmán buscó aclarar que si bien las negociaciones están en un terreno de "virginidad", la intención argentina es aferrarse al sistema del G20 en lo que respecta a las cláusulas de acción mejoradas.
El estado "virgen" que planteó Guzmán tendría que ver con la innovación que puso sobre la mesa el gobierno argentino cuando presentó la oferta a la SEC el pasado 21 de abril, cuando incorporó en la letra chica una cláusula de reasignación de grupos de los acreedores que podría ser concretado ex-post de la oferta, para eventualmente reabrir un nuevo canje en el futuro y tener la posibilidad de volver a juntar mayorías en función de sus intereses de alcanzar la maximización de su estrategia, en favor de un acuerdo.
Los acreedores se pronunciaron en contra y bautizaron la estrategia despectivamente como PACMAN, en alusión al juego virtual.
Este grupo de bonistas contraofertó con una serie de requisitos legales también "novedosos", que se concentra en ocho puntos controversiales.
Entre ellos piden volver a las viejas CAC aplicadas en el canje del 2005, más beneficiosa para los acreedores.

Ocho exigencias "leoninas"

El grupo AD Hoc, el más duro en las negociaciones que enfrenta la Argentina por la deuda, realizó una mejora en la oferta económica sobre el canje de deuda, pero a cambio exigió cláusulas consideradas "leoninas" en materia de acción colectiva.
La mejora económica, según cálculos privados, ubican a una distancia de no más 8 dólares de diferencia respecto a lo que ofrece la Argentina. En tanto, en el plano legal, la condición que buscan imponer excede los estándares que rigen en la actualidad en materia de reestructuración de deuda.
Son unas ocho exigencias que resultan imposibles de cumplir para la Argentina y controversiales para la comunidad de analistas tanto local como internacional.
Esas exigencias ponen en tela de juicio el consenso alcanzado en torno a las cláusulas de acción colectiva (CAC) que se aplican en base a la voluntad de ciertas mayorías establecidas, que es el sistema contractual aplicado hoy para alcanzar un acuerdo en procesos de reestructuración de deuda.
Los acreedores más duros - según compiló el diputado nacional del Pro, Luciano Laspina- son ocho.
Laspina, en un documento presentado en el Congreso sobre la deuda argentina, tildó a esos pedidos de "inéditos" y "leoninos", más allá de los reparos técnicos y políticos efectuados a la oferta argentina.
Las exigencias son:
-que la emisión de la totalidad de los nuevos bonos del canje bajo el marco legal del indenture 2005, que cayó en desuso mundial, es más rígido y a favor de los acreedores.
-que las emisiones futuras por fuera del canje se realicen también con las reglas viejas del 2005.
-que la Argentina renuncie explícitamente a la posibilidad de re-asignar grupos de bonos ex post en futuras operaciones de canje, tal como había anunciado en la primera oferta para sorpresa de los bonistas, de forma tal de imposibilitar explícitamente dicho mecanismo, conocido entre los acreedores como "PacMan".
-que en caso de default, los bonos devenguen una sobretasa de 2% por encima de la tasa contractual, como forma de penalizar cualquier dilación en los pagos.
-que el 50% del financiamiento futuro obtenido por Argentina en los mercados de deuda se destine a la recompra o amortización de los nuevos bonos.
-que, en caso que Argentina incumpla con la revisión macroeconómica en el marco del Artículo 4 del estatuto del FMI, se gatille un evento de default.
-que se aplique idéntico tratamiento a los bonos a reestructurar en moneda extranjera bajo legislación local.
-que se amplíe el waiver, es decir, la renuncia de inmunidad soberana a otros bienes o entes del sector público, como podrían ser el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o otros, aunque no especificaron.

Daniel Marx: "No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo total"

El economista consideró que "la Argentina acotó sustancialmente las distancias" que existían con los acreedores en materia económica en lo que respecta al canje de deuda y señaló que en este tipo de negociaciones "no hay acuerdo hasta que no haya un acuerdo total".
En dialogo con Télam, Marx analizó el plano económico de las negociaciones -en base a lo informado por las partes- y advirtió que las diferencias legales planteadas en las últimas negociaciones "pueden implicar un valor importante".
"Si falta mucho o poco (para cerrar un acuerdo) es una apreciación subjetiva", consideró.
"Tendría lógica en terminar de cerrar esa brecha económica, pero hay que ver... No hay acuerdo hasta que no hay un acuerdo total, en la parte económica y otros componentes también", analizó.
Para Marx, "muchas de las cuestiones legales tienen implicancias económicas", y "hay cosas que ni siquiera deberían estar" en la mesa de negociación", en relación a las exigencias de los acreedores de, por ejemplo, declarar default si la Argentina incumple con el artículo IV del FMI, o de la exigencia de recompra de deuda en beneficios de los acreedores.
"Hay cosas exploradas y no exploradas, acá hay muchas áreas grises", señaló.
En este último marcó también incluyó a la estrategia de reasignación de acreedores que planteó el gobierno en la oferta efectuada el 21 de abril pasado.
No obstante, aclaró que respecto a este último punto "no hay ninguna legislación internacional que prohíba a las partes realizar tales exigencias".
"En general cuando un país emite de cero, utiliza cláusulas legales en ese momento de emisión", expresó, respecto de la evolución de la aplicación de las CAC (cláusulas de acción colectiva en los contratos), que fueron experimentando al menos dos grandes cambios en los últimos 15 años.
"Cuando un país hace este tipo de canje, ahí no hay cosas escritas, si usar la vieja o nueva legislación, esas cosas se discuten y eso es parte de la cuestión", agregó.
"No hay una legislación internacional al respecto. Esta llamada arquitectura financiera internacional que incluye este tipo de mecanismos (como las CAC) es algo que se va construyendo y mejorando en el tiempo y hay algunas cuestiones que corresponde ir adaptando", consideró.
"El mundo hoy utiliza las cláusulas CAC mejoradas", de ultima generación, mientras que los acreedores exigen volver a las rigideces del 2005, en detrimento del deudor, concluyó.